Otra vez ahorristas y pequeños inversores estafados
*¡ESTO ES EL CAPITALISMO SEÑORES!*
_*Por inepto, estafador e irresponsable, el Partido Humanista se suma al inmediato pedido de juicio político para Javier Milei por el delito de estafa al promover inversiones que han ocasionado miles de damnificados.*_
El último acto de Milei recorre el mundo y demuestra una vez más que no hay correspondencia alguna entre sus formulaciones teóricas y la economía real. ¿Pero es esto realmente una equivocación? Para una porción importante de la sociedad, en su buena fe o en su ingenuidad, es imposible concebir la monstruosidad del Capitalismo, que no es otra que la búsqueda permanente de quedarse con lo que es de todos. Para muchos seres humanos sensibles, no hay estómago que permita comprender la crueldad necesaria para degradar, alienar, explotar y robar a poblaciones enteras.
Detrás de la estafa de las criptomonedas está la mentira de un sistema económico que no produce ninguna satisfacción para la gente y que tampoco las promete en el corto ni mediano plazo. Se llama Capitalismo y es lo que siempre queda luego de que saltan los fusibles ejecutores como el actual presidente, que al igual que los CEO’s de las grandes empresas, son empleados temporariamente para realizar el trabajo sucio: ajuste, despido y desguace de toda unidad productiva sacrificada en el altar del Gran Capital.
Los números duros de la economía muestran la crítica situación del país:
• Caída del PBI: -3,8%
• Caída de la Manufactura: -6,2%,
• Caída de la Construcción: -16,6%,
• Caída del Comercio: -8,3%
Y las consecuencias de la impericia de quien pretende el Nobel de Economía las pagamos todos:
• Aumento de la pobreza: 52,9%
• Aumento de la Indigencia: 18,1%
• A lo que se suman ahora las perdidas millonarias de miles de pequeños ahorristas e inversores .
La promoción de una actividad financiera en criptomonedas, que ni siquiera tenía los fundamentos económicos que la avalara, es una prueba objetiva de su incapacidad para ejercer el cargo de presidente y para comprender que la función pública representa los intereses de la ciudadanía y no de particulares o empresas privadas.